El Gobierno australiano indemniza a exempleada por violación en el Parlamento

«La Commonwealth (Estado australiano) y la señora Higgins llegaron a un acuerdo» en una mediación celebrada la víspera, indicó la abogada de la demandante, Noor Blumer, en un escueto comunicado, en el que subrayó que «los términos del acuerdo son confidenciales» a pedido de las partes.

Higgins demandó a principios de mes a la exministra de Industrias de la Defensa Linda Reynolds -su jefa en el momento de la presunta violación- y Michaelia Cash, a cuyo despacho fue a trabajar la exasesora tras el incidente, así como al Estado por diversos delitos.

Al momento de conocerse la presentación de la demanda, los medios australianos informaron que Higgins había pedido una indemnización de unos 3 millones de dólares australianos (2 millones de dólares estadounidenses o 1,9 millones de euros).

Sin embargo, se desconoce cuál es el monto que finalmente fue acordado entre las partes, debido a la cláusula de confidencialidad.

La indemnización se da después de que el juicio contra su presunto violador fuera anulado el pasado 2 de diciembre por el riesgo que sufre la vida de la víctima, quien fue hospitalizada por el trauma derivado por el abuso sexual, el proceso judicial y las agresiones y el trato dado tras la denuncia.

En febrero de 2021, Higgins denunció que fue violada por su antiguo compañero Bruce Lehrmann -quien asegura no haber violado ni tenido relaciones sexuales con la demandante- en el despacho de Reynolds el 22 de marzo de 2019.

La denuncia contra Lehrmann iba a ser abordada por segunda vez por el Tribunal Supremo del Territorio de la Capital Australiana en febrero de 2023, después de que el primer juicio, celebrado el pasado octubre, fuera también anulado porque uno de los miembros del jurado accedió ilegalmente a documentos extrajudiciales.

El caso de Higgins, quien se convirtió en un símbolo para denunciar abusos sexuales en centros de trabajo, motivó a otras mujeres a denunciar incidentes de acoso y agresiones sexuales en el Parlamento de Camberra y dio inicio a una serie de investigaciones sobre los presuntos delitos y las gestiones de estos casos.

El pasado febrero, el entonces primer ministro australiano Scott Morrison y los representantes del Legislativo bicameral pidieron perdón a las víctimas de acoso, maltratos y agresiones sexuales y reconocieron que muchas denuncias fueron silenciadas por el miedo a consecuencias electorales.

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