«Estamos imponiendo prohibiciones de viajar a los implicados en la represión violenta de protestas y violaciones de derechos humanos», dijo la titular de Exteriores, Nanaia Mahuta, en un comunicado junto a la primera ministra neozelandesa, la laborista Jacinda Ardern, al abrir la posibilidad a otras sanciones similares.
La primera ronda de sanciones individuales impide entrar a Nueva Zelanda o pisar su territorio en tránsito a otro país a estos 22 individuos, entre ellos varios miembros de la policía de la moral, que vigila que se cumplan con los códigos de vestimenta dictados por el sistema de la República Islámica y detiene principalmente a mujeres.
También afecta a varios integrantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), así como del Mando de las Fuerzas del Orden, la organización paramilitar Voluntarios Islámicos iraní (Basij), según el comunicado.
Entre los individuos sancionados están los jefes de la IRGC, Hossein Salami; de Basij, Gholam-Reza Soleimani; y de la policía de la moral, Mohammed Rostami, entre otros.
Si bien Nueva Zelanda ya ha impuesto sanciones a individuos y empresas iraníes en línea con las aplicadas por la ONU (congelación de activos y la prohibición de exportaciones), el Ejecutivo de Wellington también considera necesario imponer otras medidas para protestar por la muerte «imperdonable» de Amini.
La joven, de 22 años, murió el pasado septiembre bajo custodia policial días después de ser detenida por la policía de la moral por no llevar bien colocado el velo, lo que dio paso a una serie de protestas masivas que fueron reprimidas con violencia.
Nueva Zelanda recordó que ha apoyado en la ONU una serie de medidas para que se investigue las violaciones a los derechos humanos en Irán y ha suspendido un mecanismo de diálogo con el país en materia de derechos humanos a raíz de este trágico incidente.