El borrador constitucional publicado el pasado 30 de junio, y modificado el 8 de julio, «representa un retroceso significativo respecto de la Constitución de 2014» y «transformará el sistema político de Túnez en una estructura hiperpresidencialista», valoraron las ONG en un comunicado.

Las ONG firmantes -Derechos EuroMed, International Alert o la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), entre otras- creen que, de aprobarse, la nueva constitución «enterrará cualquier esperanza de un sistema de justicia independiente en Túnez».

«Si bien se mantienen los antiguos consejos judiciales superiores, sus prerrogativas se reducen considerablemente, y el presidente de la República nombra jueces por recomendación de los consejos», declararon.

Aunque destacan mejoras en la modificación del borrador que publicó Said tras asumir «errores» -como la mención a «un juicio justo y a la asistencia letrada»- las ONG critican que se haya eliminado la «justicia transicional» para la nueva Constitución.

Además, se muestran preocupadas por el artículo 5 que otorga al estado la prerrogativa exclusiva de “lograr los propósitos del Islam de preservar el alma (de las personas), el dinero, la religión y la libertad”.

«Tal derecho podría estar sujeto a interpretaciones que pueden poner en peligro el estado civil en Túnez», indicaron.

Desde el 25 de julio de 2021, el presidente gobierna mediante decretos ley y concentra todo el poder tras disolver el Parlamento y desmantelar órganos judiciales, con el fin de «rectificar» la transición democrática de la revolución de 2011.

Las organizaciones denuncian también el proceso aplicado para la actual hoja de ruta que comprende el referendo constitucional y unas elecciones legislativas el próximo 17 de diciembre, basada en una «ambigua consulta de internet con una tasa de participación de menos del 10% entre los votantes elegibles».

El opaco proceso de redacción, el diálogo excluyente para elaborar el borrador, los plazos y la selección unilateral de fechas incumplen «las normas internacionales sobre elecciones libres y justas y el buen gobierno», consideraron.

«Estas prácticas socavan gravemente la credibilidad del referéndum y su resultado, lo que a su vez debilita la legitimidad de la futura constitución en caso de que se adopte», advirtieron hoy las ONG.