La visita de García-Sayán responde a una invitación del Gobierno boliviano y está orientada a abordar “la estructura, organización y funcionamiento independiente e imparcial del poder judicial, los fiscales”, entre otras, señaló él mismo en su cuenta de Twitter.
El relator especial, que permanecerá en Bolivia hasta el 22 de febrero, tiene previsto reunirse con representantes del Gobierno, el Parlamento, el Poder Judicial, entidades de derechos humanos y organizaciones de la sociedad.
PEDIDO DE ÁÑEZ AL RELATOR
En una rueda de prensa este lunes los abogados de la exmandataria interina confirmaron que “se ha enviado una solicitud formal” a García-Sayán para que visite a Áñez en el penal de mujeres de Miraflores en La Paz.
“Corresponde al relator señalar día y lugar”, dijo el abogado Alaín de Canedo.
El pasado miércoles, Áñez inició una huelga de hambre ante el inicio del juicio por el caso “golpe de Estado II” bajo acusaciones de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, que considera son una persecución del Gobierno.
La exmandataria interina presenta “algunas descompensaciones” relacionadas con su ayuno como dolor de cabeza, algunos calambres y algunas otras molestias, dijo a los medios la abogada Norka Cuéllar.
Añez está encarcelada desde marzo del año pasado inicialmente por un primer proceso llamado “golpe de Estado I” acusada de sedición, terrorismo y conspiración con el que primero se le aplicaron cuatro meses de detención y que luego se ampliaron a seis.
Después se abrió el caso “golpe de Estado II” por el que se añadió al plazo inicial seis meses más por acciones que tomó cuando era segunda vicepresidenta del Senado durante la crisis política de 2019.
El expresidente boliviano Evo Morales dijo en Twitter que para el relator de la ONU “será útil” también “conocer y recoger testimonios de víctimas de masacres, ejecuciones extrajudiciales, persecuciones y torturas” durante la crisis de 2019 de las que responsabiliza a Áñez.
JUSTICIA EN CUESTIÓN
La visita de García-Sayán coincidirá con la reciente controversia en la justicia boliviana tras el sonado caso de la captura de un feminicida y asesino serial al que un juez dejó en libertad pese a tener sentencia de 30 años de cárcel, la pena máxima en Bolivia.
Esa investigación reveló que el magistrado, ahora bajo detención preventiva por el delito de prevaricato, también dio ese beneficio a otros condenados en supuesta complicidad con algunos funcionarios de su juzgado.
Ante esto, el Gobierno conformó la creación de una comisión que investigue los casos de feminicidios y principalmente aquellos en los que los sentenciados fueron liberados, lo que derivó en la captura de varios de ellos por parte de la Policía y se identificó a otros jueces que procedieron de la misma forma que el primero.
Otro pendiente es la reforma judicial, algo que el Gobierno ha buscado emprender sin éxito al menos en dos ocasiones, primero con una comisión de notables que se disolvió, y después con una propuesta del ministro de Justicia, Iván Lima, que presentó septiembre del año pasado y que debía entregar resultados en tres meses.
Para marzo de este año se ha programado una “Cumbre Judicial” en la que se busca sentar bases de esa transformación recomendada por instancias como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La visita del relator derivará en la presentación de un informe sobre la situación de la independencia judicial previsto para junio de 2023, aunque se prevé que se adelante un resultado preliminar.