Denuncian la persistente violencia y crímenes en campos de refugiados rohinyá

En un informe presentado en Bangkok, el grupo Burma Human Rights Network (BHNR) incide en la situación crítica que sufren los más de un millón de refugiados rohingyás alojados en esta enorme red de campamentos, donde además padecen condiciones sanitarias deficientes y escasez de alimentos.

La mayoría de los refugiados rohinyás llegaron a Bangladés tras las campañas militares birmanas en 2016 y 2017 contra esta comunidad mayoritariamente musulmana.

“Con este informe queremos mostrar al mundo la imagen real después de cinco años en los campos de refugiados. La crisis rohinyá es un tema olvidado (por la comunidad internacional), ya nadie habla de ello, pero ellos continúan con sus vidas”, denuncia U Kya Win, director de BHRN, durante la presentación en el Club de Corresponsales Extranjeros de Tailandia.

Mediante una serie de entrevistas con refugiados de diferentes campos asentados en Cox’s Bazar, realizadas entre octubre de 2020 y abril de 2021, BHRN expone los problemas de inseguridad después de que bandas criminales hayan tomado el control “como una segunda autoridad” de parte de los campos de refugiados.

Todos los consultados señalan que la “violencia”, especialmente entre las mujeres, es un problema generalizado en la actualidad y temen ser víctimas de ataques, secuestros, violaciones e incluso asesinatos.

El pasado septiembre, un líder rohinyá fue asesinado a disparos en un campo de refugiados por un grupo de desconocidos y sin que se hayan precisado las razones del incidente.

Además, más del 92 % de los consultados considera “insuficiente” las raciones de comida, mientras la mitad advierte de la falta de suministros médicos, recoge el informe “También tenemos sueños: Problemas continuos de seguridad y calidad de vida para los refugiados rohinyá en Bangladés”.

U Kya Win urge a la comunidad internacional a actuar para mejorar las condiciones de vida de los rohinyás, la mayoría de los cuales quieren regresar a Birmania si le garantizan la ciudadanía y todos los derechos.

El operativo militar lanzado en 2017 en el occidental estado Arakán provocó la huida a Bangladés de más de 720.000 personas de la minoría rohinyá.

Expertos de Naciones Unidas catalogaron de “limpieza étnica con marcas de genocidio” la campaña castrense, en la que según cifras conservadoras de la oenegé Médicos Sin Fronteras murieron más de 10.000 rohinyás.

La Corte Penal Internacional en la Haya analiza la acusación de genocidio presentada contra los militares birmanos, que el 1 de febrero de 2021 tomaron el control del país mediante un golpe de Estado que ha sumido al país en una profunda crisis.

Las autoridades birmanas no reconocen la ciudadanía a los rohinyá, les consideran inmigrantes bengalíes y les imponen múltiples restricciones, incluida la privación de movimientos.

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