La Fiscalía General de la República (FGR) allanó el lunes las sedes de al menos 7 organizaciones no gubernamentales en una supuesta investigación por corrupción, lo que defensores de derechos humanos catalogaron como ‘persecución política’.

«Ante el allanamiento a 7 organizaciones por parte de la Unidad Especializada de Delitos de Corrupción de FGR_SV el #22Nov, la CIDH llama al Estado a garantizar el debido proceso, evitar investigaciones injustificadas y archivar causas insuficientemente fundamentadas», publicó la entidad de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Twitter.

La investigación que dio pie a los allanamientos se dio a petición de una comisión especial de la Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, que también investiga administrativamente la asignación de recursos en legislaturas anteriores.

De acuerdo con el Ministerio Público, los delitos investigados son peculado, negociaciones ilícitas, malversación y actos arbitrarios.

Los allanamientos se dieron en momentos en que organismos internacionales han advertido del «hostigamiento» a voces críticas en el país centroamericano mediante una ley de agentes extranjeros, comparada con la de Nicaragua.

Entre las organizaciones allanadas también se encuentra la Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PRO-VIDA, la Fundación Salvadoreña de Apoyo para las Víctimas y Afectados por las Pandillas «Una Mano Amiga», El Movimiento de Mujeres ‘Mélida Anaya Montes’ y la Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador (Procomes).