«La Ley (de prevención) de Actividades Ilícitas (UAPA) está siendo utilizada indebidamente en repetidas ocasiones para castigar a defensores de los derechos humanos u otras personas que protestan contra los abusos», dijo hoy en Twitter Meenakshi Ganguly, directora de HRW para el Sur de Asia, tras la detención de Parvez el lunes.
Ganguly llamó al Gobierno indio, que controla directamente la disputada región, a «poner fin a las políticas represivas en Cachemira» y hacer «rendir cuentas a los responsables de las violaciones de derechos en vez de atacar a sus defensores».
La Agencia Nacional de Investigación (NIA) detuvo el lunes a Parvez, coordinador de la Coalición de Sociedades Civiles de Jammu y Cachemira (JKCCS, en inglés), tras realizar una redada en su casa, informó la televisión delhí NDTV.
LA ONU DENUNCIA EL ARRESTO
El prominente defensor de los derechos humanos en Cachemira encabeza también la Federación Asiática contra la Desaparición Involuntaria (AFAD), con base en Filipinas.
La relatora de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, salió a la defensa de Parvez ante los «inquietantes» informes de su detención.
«Está en riesgo de ser acusado por las autoridades en la India de crímenes relacionados con el terrorismo. No es un terrorista, es un defensor de los derechos humanos», lamentó Lawlor.
El ex relator especial de Naciones Unidas para la libertad de expresión, David Kaye, también recurrió a Twitter para denunciar el «extraordinario abuso» en la Cachemira india con la detención de Parvez.
La Fundación noruega de derechos humanos Rafto criticó en un comunicado la «falta de cualquier credibilidad» de las acusaciones de asociación con grupos terroristas del defensor de los derechos humanos cachemir.
Rafto recordó que se trata de la segunda vez en un año que el JKCCS y Parvez, que recibió en 2017 el premio de derechos humanos que entrega esta fundación, deben hacer frente a redadas de la NIA.
DETENCIÓN EN 2016
Parvez pasó 76 días en prisión preventiva en 2016 tras ser detenido bajo la controvertida Ley de Seguridad Pública (PSA), que permite arrestos de hasta dos años sin juicio.
El activista fue arrestado un día después de que las autoridades indias le impidiesen viajar a Ginebra para participar en una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en un contexto de grandes protestas en la región tras la muerte de un popular insurgente que se saldaron con cerca de un centenar de muertos y miles de heridos.
Parvez fue liberado, tras una oleada de críticas, por orden del Tribunal Superior de Jammu y Cachemira.
La región de Cachemira está dividida entre la India y Pakistán por medio de la Línea de Control (LoC), una frontera altamente militarizada. Los dos países han librado dos guerras y numerosos conflictos menores por Cachemira desde la independencia del Imperio Británico en 1947.
La tensión entre ambos países se intensificó hace tres años después de que en agosto de 2019 el Gobierno indio revocó su estado de semiautonomía de manera unilateral y Cachemira pasó a ser gobernada directamente por Nueva Delhi.
El Gobierno indio impuso además duras restricciones durante meses y un bloqueo total a las comunicaciones en la región, y detuvo a cientos de activistas, políticos y otros ciudadanos.
