La decisión del Gobierno que preside Alejandro Giammattei, divulgada mediante un comunicado de prensa, implica que el municipio de El Estor, en departamento de Izabal, pasará del estado de sitio en el que se encontraba hasta este lunes a un estado de prevención a partir del martes.

El estado de sitio había sido impuesto por un plazo de 30 días el 24 de octubre debido a que «se han realizado acciones el orden, la gobernabilidad y la seguridad de los habitantes» del municipio, según dijo en su momento el Gobierno de Giammattei.

El nuevo estado de prevención «busca garantizar el orden público y la seguridad de las personas en el municipio» de El Estor, ubicado unos 300 kilómetros al noreste de la Ciudad de Guatemala, en la costa del país centroamericano al océano Atlántico.

De acuerdo a palabras en rueda de prensa del secretario de comunicación de Giammattei, Kevin López Oliva, el estado de prevención estará vigente por un plazo de 15 días.

La nueva normativa del Gobierno, establecida en la Ley de Orden Público de la Constitución, permite a las autoridades limitar la celebración de reuniones al aire libre o de manifestaciones, además de disolverlas por la fuerza.

De igual forma, el estado de prevención habilita al Gobierno la suspensión de publicaciones que alteren el orden público o contribuyan a incitarlo.

El estado de prevención es la primera de las situaciones de orden público contempladas por la constitución para encarar emergencias.

Los enfrentamientos se registraron durante la tercera semana de octubre entre las fuerzas de seguridad y decenas de indígenas q’eqchi’ que se oponen al funcionamiento de la mina Fénix ubicada en municipio de El Estor, en Izabal.

La empresa dueña de la mina es la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de la firma suiza Solway Investment Group.

Según el Gobierno de Guatemala, la mina no se encuentra operando desde 2019 debido a una orden del máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad, ante la falta de una consulta popular con las comunidades aledañas a la minera.

Los comunitarios pugnan para frenar la operación de la compañía de níquel al carecer de estudios de impacto ambiental ni autorización de operaciones al no haberse realizado una consulta popular al respecto, y han calificado las que se puedan llevar a cabo como ilegítimas sin su participación.