El Acuerdo Integral de Paz (CPA) lo firmaron el líder del Partido Comunista de Nepal-Maoísta (CPN-Maoísta), Pushpa Kamal Dahal, conocido como ‘Prachanda’ (feroz), y el entonces primer ministro de Nepal, Girija Prasad Koirala.

Con la firma se ponía fin a una guerra que causó unas 17.000 muertes y 2.000 desapariciones forzosas, a lo que siguió la promulgación de una Constitución provisional (aprobada finalmente en 2015), la celebración de elecciones y la proclamación en 2008 de una república federal democrática tras 239 años de monarquía.

«Por ahora, es el momento de celebrar los 15 exitosos años de nuestro proceso de paz. (Pero) debemos recordar que el proceso de paz de Nepal aún no se halla totalmente fuera de peligro», advirtió Prachanda en un artículo reproducido hoy por varios periódicos.

El líder guerrillero y exprimer ministro afirmó que hace «todo lo posible para mantener el éxito» del acuerdo y quiso recordar a la comunidad internacional que el modelo nepalí puede servir de ejemplo para que fructifiquen otras negociaciones de paz.

Pero no todo fueron celebraciones hoy, ya que organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Nepal recordaron al Gobierno en un comunicado que se debe buscar justicia y poner fin a la impunidad de aquellos que cometieron abusos durante la guerra.

También prominentes grupos de derechos humanos, entre los que se encuentran Human Rights Watch (HRW) o Amnistía Internacional, subrayaron en un comunicado conjunto que Nepal aún no ha logrado hacer justicia por crímenes cometidos bajo la ley internacional.

«La reticencia de las autoridades nepalíes a cumplir con su obligación de investigar y enjuiciar delitos graves ha aumentado el sufrimiento de las víctimas, socavado el Estado de derecho y aumentado el riesgo de futuras violaciones», aseguró en la nota la directora para el Sur de Asia de HRW, Meenakshi Ganguly.

El acuerdo firmado en 2006 contenía el compromiso de investigar la verdad sobre los implicados en graves violaciones de los derechos humanos y en crímenes de lesa humanidad. Además, en 2015 el Gobierno estableció una Comisión de la Verdad y Reconciliación y una Comisión de Investigación sobre Desapariciones Forzosas.

Sin embargo, desde entonces la Comisión de la Verdad y Reconciliación solo ha completado las investigaciones preliminares de alrededor de 3.800 denuncias de las 63.718 recibidas.

Unas 40 organizaciones de víctimas y un número similar de asociaciones de derechos humanos reclamaron este domingo en un texto conjunto que el Gobierno ponga fin a los continuos retrasos y deje de traicionar a miles de víctimas que buscan justicia.

«Ni el Gobierno ni las comisiones de justicia transitoria están preocupados por las víctimas», lamentó en declaraciones a Efe el presidente y fundador de la Plataforma Común de Víctimas del Conflicto, Suman Adhikari.

El activista denunció además que, aunque los gobiernos sucesivos siempre se muestran públicamente comprometidos con este proceso judicial para cerrar de una vez por todas el triste capítulo de la guerra civil, al final siempre acaban haciendo lo contrario.