La norma que se aprobó a finales de enero despenalizaba la eutanasia para casos de mayores de edad, sin enfermedades mentales, en situaciones de “sufrimiento insoportable, con lesión definitiva de gravedad extrema, de acuerdo con el consenso científico, o enfermedad incurable y fatal”, y fue remitida al TC de forma preventiva por el presidente de Portugal, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa.

Los jueces advirtieron entonces de algunas imprecisiones a la hora de definir en qué situaciones se podría solicitar la muerte asistida, que debía ser legislada con normas “claras, precisas, anticipables y controlables”.

La expresión de la ley “lesión definitiva de gravedad extrema” no permitía delimitar con rigor en qué situaciones se podía solicitar la eutanasia y el concepto de “sufrimiento extremo” también ofrecía dudas.

Los diputados introdujeron en la ley un nuevo artículo dedicado a definir algunos términos, como los de muerte médicamente asistida, enfermedad grave incurable, lesión definitiva de gravedad extrema o sufrimiento.

La nueva norma fue aprobada con los votos a favor de gran parte de los diputados del Partido Socialista (7 votaron en contra), Bloque Izquierda, el animalista PAN, Los Verdes (PEV) e Iniciativa Liberal.

Salvo 13 diputados que votaron a favor, el principal partido de la oposición, el PSD (centroderecha), votó en contra, al igual que los democristianos del CDS o los diputados de la extremaderecha de Chega.

También fue rechazada por la bancada del Partido Comunista (PCP).

El texto irá ahora de nuevo al presidente, que tendrá que decidir si lo promulga, lo envía de nuevo al Constitucional o directamente lo veta.