“Un mes después de la formación del Gobierno tuvimos la primera prueba para el Consejo con el intento de arrastrar al Ejecutivo a intervenir en una orden judicial que no tiene que ver con él, con lo que esta intervención podría perjudicar la fama del Líbano y su Justicia”, alertó Mikati en un discurso televisado.

El pasado 13 de octubre, al cumplirse aproximadamente 30 días del nombramiento del nuevo Ejecutivo libanés, el dirigente pospuso hasta nuevo aviso el Consejo de Ministros previsto para ese día, sin ofrecer detalles sobre las razones, y desde entonces el órgano no se ha vuelto a reunir.

La parálisis fue atribuida por medios locales a presuntas presiones por parte de ministros chiíes para que el Ejecutivo tomase medidas contra el juez Tarek Bitar, que está a cargo de la pesquisa sobre la deflagración que en agosto del año pasado causó más de 200 muertos y 6.500 heridos en la capital del país.

“El Consejo de Ministros es el lugar natural para debatir los asuntos y casos de interés del Gobierno, lejos de los dictámenes y desafíos, la voz alta y el uso de lenguaje amenazante. El Consejo nunca va a ser un lugar para intervenir en cualquier asunto que no concierne el Gobierno y, en especial, en el trabajo de la Justicia”, advirtió Mikati.

Sin hacer referencias concretas a la investigación judicial de la tragedia, el primer ministro recordó que “todos” los titulares de los departamentos gubernamentales deben adherirse al “contenido de la carta ministerial” y llamó a reanudar la actividad del Gabinete tras el tiempo perdido “en vano en disputas”.

Al día siguiente de iniciarse la parálisis en el Consejo de Ministros, siete personas murieron en choques armados durante una protesta contra Bitar convocada por las formaciones chiíes Hizbulá y Amal, a la que pertenecen exministros imputados por negligencia en relación a la deflagración.