En el décimo aniversario desde que saliera a la luz la actividad del grupo, familiares y organizaciones de la sociedad civil lamentaron que la policía, que fracasó a la hora de detener a la célula, no haya introducido cambios sustanciales para atajar simpatías ultraderechistas en sus filas.
“El racismo institucional es una cuestión que todavía es virulenta,” aseguró uno de los abogados de la acusación en el proceso contra el NSU, Mehmet Daimagüler, en una entrevista en la cadena pública ARD.
“No puede ser que cada semana se descubra un nuevo grupo de chat neonazi en la policía o en el ejército y que sigamos hablando de casos aislados,” afirmó el letrado, para añadir que “no necesitamos nazis y racistas de uniforme”.
“Hoy hay más preguntas abiertas que hace diez años,” agregó Daimagüler, en referencia a la posible implicación de miembros de las fuerzas de seguridad en el encubrimiento de la actividad del NSU.
Abdulkerim Şimşek, hijo de una de las víctimas, denunció también este miércoles que, tras el asesinato de su padre, la policía sospechó de la propia familia, acusándola de vinculaciones con la mafia, en lugar de investigar el ángulo ultraderechista.
“Es algo que no le puedo perdonar a la policía,” afirmó Şimşek en un evento organizado por la Fundación Amadeu Antonio con motivo del aniversario.
FRACASO DE LAS INSTITUCIONES
El NSU actuó con impunidad durante diez años y su actividad no fue descubierta hasta que dos integrantes del grupo, Uwe Mundlos y Uwe Böhnhardt, se quitaran la vida tras un atraco fallido.
La tercera integrante conocida de la célula, Beate Zschäpe, fue condenada a cadena perpetua en 2018, aunque no se puede excluir que el grupo contara con otros cómplices que hayan permanecido ocultos.
La investigación de la actividad del NSU estuvo plagada de fallos y, diez años después, múltiples organizaciones de la sociedad civil consideran que no se han esclarecido suficientemente los apoyos que recibió el grupo, en particular por parte de miembros de las fuerzas de seguridad y los servicios secretos.
En este sentido, la abogada Seda Basay-Yildiz, que tras su implicación en el juicio ha sido blanco de amenazas por parte de grupos ultraderechistas, habló en declaraciones a la radio Bayern 2 de “un gran fracaso del estado y de un fracaso de las instituciones”.
También Amnistía Internacional (AI) se sumó esta semana a las acusaciones, lamentando que la policía alemana no hubiera introducido mejoras tras la serie de asesinatos racistas “más larga de la historia de la república federal”.
“La policía no ha aprendido lo suficiente del complejo NSU (en referencia al nombre de la célula terrorista) y sigue existiendo una gran necesidad de que el próximo gobierno actúe al respecto,” señaló la organización, a través de un comunicado.