El concejal socialista Jakob Wedemeijer anunció este miércoles el plan de excluir a los inversores de la compra y alquiler de casas de menos de 512.000 euros a través de la introducción de una obligación sobre los nuevos propietarios de vivir en las viviendas que adquieran durante los primeros cuatro años posteriores a la adquisición.

El ayuntamiento votará este plan el próximo febrero, aunque el apoyo político al control de la inversión en el mercado mobiliario es alto, al igual que la presión social y política para poner fin a la escasez de viviendas asequibles.

“Es inaceptable que la gente que busca casa se vea desplazada por inversores que compran casas para alquilarlas a precios altísimos. Por eso queremos asegurarnos de que la mayor cantidad posible de viviendas sólo puedan ser compradas por personas que realmente quieran vivir en ellas. Las casas son para vivir y no para ganar dinero”, subrayó Wedemeijer.

Cualquiera que quiera comprar una casa para alquilarla, después de la introducción de esta medida, tendrá que pedir permiso municipal, lo que solo se emitirá en casos de excepción.

Wedemeijer confirmó que “se respetan los derechos existentes”, por lo que la protección de la compra solo se aplicará cuando una vivienda se pone a la venta, y no a las casas ya ocupadas por inquilinos.

Se permitirán algunas excepciones, como el alquiler de la casa a un miembro de la familia o debido a una estancia en el extranjero de máximo un año.

En Ámsterdam, casi una de cada tres casas es propiedad de inversores privados, lo que ha hecho que en los últimos años los precios de la vivienda se hayan disparado: un comprador paga ahora de media más de medio millón de euros por una casa en la ciudad.

A partir del 1 de enero, entrará en vigor un cambio legislativo que permitirá a los municipios de Países Bajos designar distritos y zonas donde regirá una protección de compra.

Grandes ciudades como Utrecht, Tilburgo, La Haya o Groninga ya han dicho que se plantean implementar un esquema para disuadir a los inversores.

Antes de recurrir a esta medida, los ayuntamientos están legalmente obligados a justificar si es “necesaria” y “en qué barrios se producen efectos de desequilibrio injustos por la escasez de viviendas ocupadas por sus propietarios, que sean baratas o de precio medio”.

Hoy, el 8,6 % de todas las viviendas en Países Bajos están en manos de inversores, un porcentaje que varía a nivel local, elevándose al 21% en Ámsterdam y el 19% en La Haya.