«El 4 de noviembre se reunirá el Consejo Estatal Supremo (de ambos países), un paso decisivo en nuestra integración», señaló Lukashenko en una reunión en Minsk con el fiscal general, Igor Krasnov, según la agencia estatal bielorrusa, BELTA.

La reunión del Consejo Estatal Supremo, formado por los dos presidentes, los primeros ministros y los presidentes de ambos Parlamentos, tendrá lugar por videoconferencia dada la situación epidémica, explicó a su vez el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria telefónica.

La fecha coincide con el día de la Unidad del Pueblo de Rusia.

Los dos líderes adoptarán en la cita virtual los programas de integración que ambos acordaron el pasado 9 de septiembre en una larga reunión en Moscú y que fueron firmados al día siguiente en Minsk por los primeros ministros de Rusia, Mijaíl Mishustin, y de Bielorrusia, Román Golovchenko.

Se trata de 28 programas que incluyen la creación de mercados únicos en los ámbitos financiero y energético, y la armonización de las legislaciones impositivas, aduaneras, laborales y de pensiones, así como de las políticas macroeconómicas.

Buscan, según explicó Putin tras pactar los documentos, crear un «espacio económico común».

Ambos mandatarios admitieron no haber abordado una posible integración política, aunque no descartaron la creación en el futuro de un Parlamento supranacional.

Los documentos de creación de la Unión Estatal fueron suscritos en diciembre de 1999 por Lukashenko y el primer presidente ruso, Boris Yeltsin.

El líder bielorruso, considerado el último dictador de Europa, rechazó la posibilidad de que Rusia pueda absorber a su vecino, aunque reconoció que si los pueblos de ambos países lo demandan, Moscú y Minsk profundizarán su integración política.

La oposición bielorrusa en el exilio se opone a la Unión Estatal, ya que considera que supondrá la pérdida de soberanía, temores que comparte Occidente.

El acuerdo de integración supone un espaldarazo para el régimen bielorruso, sometido a un profundo aislamiento debido a la represión de las pacíficas protestas antigubernamentales y el desvío forzoso en mayo pasado de un avión de Ryanair para detener a un periodista opositor y a su pareja.