El ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, explicó en rueda de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura (sede del Gobierno) que las operaciones de la minera quedaron suspendidas temporalmente por una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica del país.
Sin embargo, el procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, manifestó el sábado su preocupación y dijo que la mina funciona «ilegalmente».
«Desde 2019 la Corte de Constitucionalidad ordenó a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) suspender la licencia de explotación minera, por no haber realizado consulta previa», enfatizó el ombudsman.
Pese a la prohibición, Rodas aseguró que «el Gobierno de Guatemala» de Alejandro Giammattei «resguarda camiones de CGN» para su ingreso a la mina y a la vez las fuerzas de seguridad «reprimen a la población y periodistas»
La mina se encuentra en el municipio de El Estor, en el departamento de Izabal, unos 300 kilómetros al noreste de la Ciudad de Guatemala, y pertenece a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de la firma rusa y suiza Solway Investment Group.
LOS ENFRENTAMIENTOS
Los enfrentamientos se registraron durante viernes y sábado entre las fuerzas de seguridad y decenas de indígenas q’eqchi’ que se oponen al funcionamiento de la mina.
Debido a ello, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, ordenó el domingo un estado de sitio en el municipio de El Estor por 30 días.
Las comunidades indígenas de la localidad pugnan para frenar la operación de la compañía de níquel por carecer de estudios de impacto ambiental y de la autorización de operaciones al no haberse realizado una consulta popular al respecto.
Los miembros de las comunidades indígenas se encontraban a la orilla de la carretera desde hace 21 días en un campamento improvisado con el fin de protestar contra el funcionamiento de la mina, pero entre viernes y sábado fueron reprimidos con bombas lacrimógenas, con varios heridos, incluidas mujeres y niños, sin un número específico reportado al momento.
Pimentel puntualizó este lunes que en el área existen unas 53 comunidades y que fueron esos pobladores quienes designaron a sus representantes en las consultas, una de las cuales se celebró el pasado viernes.
También comentó que su cartera no sabe quiénes están detrás de las protestas en El Estor.
El funcionario enfatizó que la sentencia de la Corte de Constitucionalidad es clara y que es «falso» que la minera esté operando.
El ministro sostuvo que se están cumpliendo con las leyes de Guatemala en materia minera y anunció que el 4 y 5 de noviembre se celebrará otra reunión.
Aclaró, empero, que la planta procesadora de la mina sí continúa operando porque no existen ninguna sentencia judicial para que no siga trabajando, pero siempre y cuando el material no provenga de la mina Fénix.
Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las comunidades indígenas dejaron más de 20 agentes heridos entre viernes y sábado según la Policía Nacional Civil (PNC) y un número no determinado de manifestantes lesionados.
