En un artículo publicado en el periódico oficial Global New Light of Myanmar, los uniformados afirman que mantendrán una política exterior «independiente, proactiva e imparcial» y defienden el principio de «coexistencia pacífica» entre países, después de que la ASEAN excluyera a su líder, Min Aung Hlaing, de la cumbre anual de líderes que tendrá lugar entre el 26 y el 28 de octubre.
Según la ASEAN, la junta militar ha realizado «insuficientes» progresos en aplicar estos cinco puntos de consenso para zanjar el conflicto en el país, que incluyen el cese de la violencia contra civiles, un diálogo de todas las partes para alcanzar una solución pacífica y el acceso al país de un mediador de la ASEAN.
Los ministros de Exteriores reunidos el pasado 15 de octubre optaron por invitar a la cumbre que comienza este martes a «un representante no político birmano», al no decidirse entre la junta militar y los representantes del Gobierno de Unidad Nacional (NUG), formado en abril por políticos y activistas en favor de la democracia y opuestos a los militares
La junta birmana se ha manifestado en contra de esta exclusión, que atribuye a la injerencia extranjera, y volvió a reclamar en la noche del viernes la participación de Hlaing en virtud del propio reglamento de ASEAN, que reconoce el derecho del jefe de Estado o del Gobierno a asistir a los encuentros.
Dos días después de conocerse la decisión de la ASEAN, la junta militar anunció la liberación de 5.635 personas arrestadas por su participación en las protestas contra el golpe de Estado, aunque grupos pro derechos humanos denuncian que no hay una lista de liberados.
Ni la depuesta líder Aung San Suu Kyi, que afronta varios procesos judiciales iniciados tras la sublevación militar, ni el expresidente, Win Myint, u otras personas vinculadas con la premio Nobel de la Paz, están de momento entre los liberados.
En los casi nueve meses transcurridos desde el golpe, la junta ha arrestado a más de 9.000 personas, de las que más de 7.000 siguen detenidas según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP), que también contabiliza 1.196 muertes por la represión de las fuerzas de seguridad.
El Ejército justifica el golpe de Estado por un presunto fraude masivo durante las elecciones generales del pasado noviembre, cuyo resultado ha sido anulado y en las que arrasó el partido de Suu Kyi, la Liga Nacional para la Delocracia, como ya hizo en 2015, con el aval de observadores internacionales.