Fiscalía de México dice que actúa «bajo debido proceso» en caso de académicos

Esto luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió al fiscal general, Alejandro Gertz, que emitiera medidas cautelares para que funcionarios de la institución no expusieran públicamente información de los científicos.

El viernes, la CNDH señaló que sobre los académicos había «persecución mediática y ministerial».

La CNDH señaló la divulgación de información relevante de la indagatoria y la negativa por parte de la FGR para poner a la vista de los agraviados la carpeta de investigación correspondiente a su caso y dijo que la fiscalía contaba con 24 horas para notificar a la Comisión su aceptación y en caso contrario debería fundar su negativa.

Este sábado, la FGR emitió un comunicado con fecha del 22 de octubre de 2021 en el que dijo que «se acepta dicha comunicación; pero no así su contenido».

Precisó que «no ha hecho públicos datos propios de la indagatoria ministerial respectiva, así como de las personas posiblemente inculpadas».

A demás, dijo que «todas las personas que han solicitado acceso a la carpeta correspondiente y que tengan derecho a ello, se les ha dado acceso y se les han entregado los expedientes completos, como es público y notorio».

Señaló que en ningún momento «se les ha expuesto a los medios de comunicación», mientras que «ellos son los que han hecho libremente las declaraciones que han creído convenientes».

La Fiscalía precisó que el Ministerio Público de la Federación, «ha cuidado y cuidará el debido proceso en éste y en todos los casos en los que interviene».

El pasado 15 de octubre la CNDH recibió un escrito de queja por parte de los científicos en la que exponían violaciones a sus derechos humanos por parte de funcionarios de la FGR y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

El 22 de septiembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, detalló que María Elena Álvarez-Buylla, actual directora del Conacyt, le había enviado dos informes en los que relató que 31 funcionarios son acusados de haber gastado presuntamente 561 millones de pesos (27,9 millones de dólares) de dinero público de manera injustificada.

Según medios locales, Gertz solicitó arrestar por operación de recursos con procedencia ilícita y delincuencia organizada a 31 científicos, académicos y personal administrativo del organismo público.

Pero la solicitud obedecería a una denuncia presentada presuntamente por Álvarez-Buylla, por el desvío de 50 millones de pesos (2,5 millones de dólares) por parte de dichos trabajadores.

Sin embargo, algunos columnistas acusan al fiscal de querer vengarse ya que buena parte de la comunidad científica criticó duramente que la dirección del Conacyt distinguiera en junio a Gertz Manero con el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, su más alto reconocimiento.

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