Cientos de agentes de las fuerzas especiales antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC) guatemalteca se presentaron este día en la carretera del municipio de El Estor, Izabal, 305 kilómetros al noreste de la Ciudad de Guatemala, donde enfrentaron a decenas de indígenas q’eqchi’ en resistencia a la empresa minera Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de la firma rusa Solway Investment Group.
Los manifestantes se encontraban a la orilla de la carretera desde hace 20 días en un campamento improvisado con el fin de protestar en contra del proceso de consulta al pueblo para la instalación de la mina, que opera “de forma ilegal desde 2005”, según indicaron a medios locales.
El enfrentamiento dejó heridos y periodistas amenazados por algunos de los agentes, afirmaron diversas fuentes, como el medio Prensa Comunitaria o políticos como el diputado de oposición Aldo Dávila, quien se hallaba en el lugar.
Dávila aseguró en un foro virtual que la situación en El Estor “es preocupante e indignante. Hay una evidente fuerza de autoridad desmedida, con 25 radiopatrullas a disposición de la mina. Esto evidencia el uso de la fuerza desproporcionado contra no más de 120 campesinos”.
Según el medio digital Prensa Comunitaria, los policías lanzaron “más de 80 bombas lacrimógenas en contra de la resistencia, algunas de las cuales fueron disparadas al cuerpo de las personas”.
También, de acuerdo al mismo rotativo, hubo agentes que “tiraron piedras contra la población y agredieron a varios periodistas durante la represión en conta de la comunidad y Autoridades del Consejo Ancestral Q’eqchi'”.
En respuesta a las amenazas a periodistas, el Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés), aseguró en sus redes sociales que estaba “monitoreando la situación en El Estor, Guatemala. Según informes, agentes de la Policía Nacional Civil han acosado, amenazado e impedido la cobertura de equipos periodísticos”.
La oficina en Izabal de la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) recibió por su parte “denuncias tras el desalojo a resistencia pacífica en El Estor, y recomendó públicamente a la Policía “respetar la integridad y derechos humanos de las personas” y “no restringir la labor de la prensa, se debe garantizar la libertad de prensa y el derecho a la información”.
LA TENSIÓN EN EL ESTOR
Los comunitarios pugnan para frenar la operación de la compañía de níquel al carecer de estudios de impacto ambiental ni con la autorización de operaciones al no haberse realizado (la consulta libre al pueblo).
Este ejercicio de consulta fue ordenado por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, el máximo tribunal del país, en junio de 2020 y no fue hasta hace unas semanas que el Ministerio de Energía y Minas comenzó con el proceso de reuniones.
Estos primeros acercamientos, sin embargo, han sido con el alcalde de El Estor y con algunos Consejos Comunitarios de Desarrollo “afines” a la firma rusa, según clama la resistencia indígena q’eqchi’ y no ha tomado en cuenta a la comunidad, que reclama la contaminación ocasionada por la operación minera.
La tensión en El Estor por las operaciones de la CGN en la mina Fénix iniciaron en 2017, con enfrentamientos entre pescadores de El Estor y la seguridad de la extractora, situación que se agudizó con posteriores intimidaciones y amenazas contra periodistas como Carlos Ernesto Choc, de Prensa Comunitaria.
