La empresaria Nur Sajat, que tiene una marca de productos de cosmética, fue acusada en enero por un tribunal islámico de la provincia malasia de Selangor de violar la sharia al vestir como una mujer durante un evento religioso en 2018.

Sajat huyó a Tailandia donde fue detenida el 8 de septiembre por supuestas irregularidades en su pasaporte y corría el riesgo de ser extraditada a su país donde se enfrenta a una pena de hasta tres años de cárcel.

«Nueva vida», publicó la empresaria este martes durante su viaje a Australia en un mensaje en la red social Instagram acompañado por una bandera del país oceánico y videos a su llegada a Sídney.

«Australia merece mucho crédito por estar a su lado, ofrecerle protección y darle la oportunidad de reiniciar su vida después pasar en huida los últimos nueve meses. La persecución por parte de las autoridades malasias demuestran una vez más el desamparo y amenazas contra las personas LGTB», declaró a Efe Phil Robertson, subdirector para Asia de la oenegé Human Rights Watch.

La policía de Malasia precisó en septiembre que las autoridades mantienen abiertos varios procesos contra la sospechosa, entre ellos un presunto delito de intimidación contra funcionarios públicos.

«Una y otra vez, Malasia se muestra incapaz de comprender que las personas no deben ser discriminadas por su orientación sexual o identidad de género, y nadie debe ser criminalizado de la forma en que lo fue Nur Sajat por simplemente ser ella misma», remarca Robertson al subrayar que «inexplicablemente» Malasia logró hace poco un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La multiétnica Malasia cuenta con un sistema judicial dual, con tribunales de justicia ordinaria y tribunales islámicos, estos últimos encargados de juzgar asuntos de la religión musulmana.

La Constitución Malasia establece que todos los ciudadanos de etnia malay, que constituyen más del 60 % de la población, deben profesar el islam.