El informe de 20 páginas del Departamento de Justicia, el primero que se publica desde que se anunció la investigación en febrero de 2020, indica que los análisis médicos de muchos de los 52 casos investigados negarían la versión oficial de que los sospechosos sacaron sus pistolas antes de ser abatidos por la Policía.

Además, algunos de ellos presentaban múltiples heridas de bala y en muchos casos no se realizaron autopsias, pruebas balísticas o test de parafina, que demostrarían que la persona ejecutada había empuñado un arma de fuego antes de su muerte, informaron este miércoles medios locales.

En estos 52 casos investigados estuvieron implicados 152 policías, que han recibido por sus errores sanciones administrativas como suspensiones temporales, degradaciones y despidos, mientras que la Oficina Nacional de Investigación está recopilando información para posibles investigaciones penales.

El anuncio del Departamento de Justicia se produce un mes después de que la Corte Penal Internacional (CPI) diera luz verde a una investigación por crímenes de lesa humanidad en esta campaña impulsada por el presidente Rodrigo Duterte.

El portavoz presidencial, Harry Roque, consideró hoy durante un coloquio en Manila que la investigación «entierra» las acusaciones contra Duterte porque «demuestra que el estado filipino ha investigado y procesado a individuos por estas matanzas fuera de la legalidad».

«No creo que diga nada sobre la culpabilidad del presidente porque en los 52 casos no ha habido una instancia que determine que el presidente ordenó la matanza o que el presidente no hizo nada para castigar a quienes cometieron actos criminales», argumentó Roque.

Duterte anunció el mes pasado que había ordenado al Departamento de Justicia y a la Policía que revisen los comportamientos de las autoridades durante la campaña antidroga que lanzó a su llegada al poder en 2016, ya que considera que es el propio país, y no organismos extranjeros, quien debe juzgar lo ocurrido.

Según los datos del Gobierno de Duterte, al menos 6.181 personas relacionadas con la droga fueron ejecutadas durante operaciones policiales entre el 1 de julio de 2016 y el 31 de julio de 2021, pero los grupos defensores de derechos humanos creen que la cifra es de entre 27.000 y 30.000 muertos.