Activistas filipinos denuncian la candidatura a presidente de Marcos

Decenas de manifestantes quemaron efigies del candidato delante de la Comisión de Derechos Humanos de Manila, el mismo día en que Bongbong acudía a la comisión electoral con su esposa y sus hijos para formalizar su candidatura a los comicios del próximo año.

«Los Marcos se han librado de la cárcel, no han devuelto el dinero que robaron de las arcas del Estado y ahora están haciendo un regreso para el puesto más alto del país, es una desfachatez», protestó en un comunicado el grupo pro derechos humanos Karapatan, uno de los convocantes del acto.

Karapatan denunció que Marcos no fue un mero figurante «en las atrocidades cometidas por la dictadura de su padre» y criticó que su candidatura es «una llamada insidiosa a revivir su despreciable marca de gobierno: apropiación de fondos públicos, violaciones de derechos humanos y libertades civiles y mentiras».

«Están escupiendo sin ningún remordimiento sobre los miles de asesinados, arrestados ilegalmente y detenidos, torturados, violados sexualmente, y desaparecidos a la fuerza bajo el gobierno tiránico de su familia», denunció este grupo pro derechos humanos, el más prominente de Filipinas.

Marcos, que ha sido senador y perdió la vicepresidencia en 2016 por unos miles de votos, llevaba meses especulando con su candidatura para alcanzar la ansiada vuelta al poder de su familia, que tuvo que exiliarse a Hawai tras la deposición de su padre en 1986.

Durante los nueve años que rigió la ley marcial (1972-81), al menos 3.240 personas fueron asesinadas, 70.000 encarceladas y 34.000 torturadas, según Amnistía Internacional.

El expresidente falleció en Hawái en 1989 y su viuda y dos hijos regresaron al país en 1992 para afrontar más de 400 procesos judiciales, aunque hasta el momento ninguno les ha puesto entre rejas, lo que les ha permitido hacer carrera política.

La fortuna ilícita amasada por la familia Marcos entre dinero, inmuebles, joyas y obras de arte estima entre 5.000 y 10.000 millones de dólares según la Comisión Presidencial de Buen Gobierno (PCGG, en inglés), una agencia oficial creada hace tres décadas para recuperar toda esa riqueza.

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