«Desconocemos el proceso electoral que se realizará próximamente en noviembre por ser totalmente ilegítimo», señaló la AMA en una declaración pública.

La AMA se suma de esa forma a otras organizaciones opositoras que han anunciado que no reconocerán como legítimas las elecciones generales del 7 de noviembre, como el Movimiento Campesino Anticanal de Nicaragua, la Coalición Nacional, la Unidad Nacional Azul y Blanco, y la Articulación de Movimientos Sociales (AMS).

«El régimen pretende perpetuar un Estado de impunidad, crisis sanitaria, corrupción y barbarie por medio de todo el aparataje gubernamental, incluyendo sus fuerzas represoras policiales, militares y paraestatales, no hay manera de enmascarar el rostro y espíritu de este Gobierno, ni con discursos, ni con procesos viciados, ni con mentiras», expresó la AMA.

En los comicios de noviembre, el sandinista Ortega aspira a su quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

El proceso electoral ha estado marcado por leyes que restringen la participación de la disidencia, la cancelación de tres partidos de oposición, el encarcelamiento de siete aspirantes a candidatos a la Presidencia y el exilio de otros dos, así como el arresto de exfuncionarios de gobiernos liberales, exguerrilleros históricos sandinistas, periodistas, defensores de derechos humanos, empresarios, banqueros, entre otros.

Las Madres de Abril también rechazaron el trato a 155 opositores considerados «presos políticos» y encerrados en diferentes cárceles de Nicaragua, según ha reconocido a Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y solicitaron la intervención de la Cruz Roja Internacional.

«Condenamos la tortura a la que han sido sometidos. Nos sumamos al llamado de sus familiares, de que se autorice una misión de la Cruz Roja Internacional para constatar sus estados de salud», resaltaron las integrantes de la AMA.

La AMA, que junto con la CIDH ha registrado al menos 328 muertos en el contexto de las protestas de 2018, exigió que todos los «presos políticos» de Nicaragua sean liberados.

Nicaragua vive una crisis sociopolítica desde el 18 de abril de 2018 cuando estalló una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente Ortega, debido a que respondió con la fuerza.

Las protestas, calificadas por el Ejecutivo como «intento de golpe de Estado», dejaron al menos 328 muertos, según la CIDH, aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.