«Venezuela repudia la xenofobia y agresiones contra migrantes venezolanos y exige a las autoridades nacionales y locales de Chile respeto a la integridad física y psicológica de nuestros connacionales», dijo en Twitter la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.
Los hechos a los que se refiere la funcionaria tuvieron lugar al término de una multitudinaria marcha en Iquique, en el norte de Chile, a la que asistieron unas 5.000 personas, y en la que un grupo de manifestantes quemó las carpas que eran utilizadas por extranjeros para pernoctar en plazas y playas.
Al respecto, Rodríguez informó que el presidente Nicolás Maduro ordenó la activación del llamado plan Vuelta a la Patria, un plan que busca facilitar el retorno de migrantes que padecen xenofobia en los países receptores, para que los venezolanos agredidos en Chile pudieran volver a Venezuela.
El relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes de la ONU, Felipe González, calificó el suceso como una «inadmisible humillación».
«Inadmisible humillación contra migrantes especialmente vulnerables, afectándolos en lo más personal», escribió González en Twitter respecto a estos hechos.
«El discurso xenófobo, asimilando migración a delincuencia, que por desgracia se ha ido volviendo cada vez más frecuente en Chile, alimenta esta clase de barbarismo», continuó.
En declaraciones a Efe, el director de Incidencia y Estudios del Servicio Jesuita Migrante (SJM), Carlos Figueroa, condenó también la violencia de esta marcha, «acontecida como respuesta a un problema humanitario y sanitario».
«Llamamos a respetar la integridad y dignidad de todas las personas y, sobre todo, llamamos a respetar y velar por los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes», agregó.
A la fecha, son alrededor de 3.500 migrantes —según algunos vecinos— los que se encuentran varados en las calles de Iquique, gran parte de ellos luego de haber ingresado a Chile por pasos no habilitados en la frontera y cruzar la ruta hacia la costa.
La mayoría llega desde Venezuela buscando una oportunidad en Chile, pero entre las restricciones sanitarias, la política migratoria y la escasez de recursos económicos quedan atrapados sin poder continuar el viaje, durmiendo en albergues o en campamentos improvisados.
Según la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, entre enero y julio de este año se registraron 23.673 denuncias por ingreso a ese país por pasos no habilitados, lo que supone un 40 % que en todo 2020.