En un comunicado de prensa, el organismo declaró que la iniciativa de Said es «nula y sin efecto legal» además de una «afrenta» al Estado de derecho y al orden constitucional ya que pretende dictaminar por decreto sobre el funcionamiento del poder judicial, el ejército, las fuerzas de seguridad, los partidos políticos, los sindicatos y las asociaciones.

«El presidente no tiene autoridad constitucional o legal para reescribir la constitución o desmantelar y aplastar los poderes y órganos que deberían servir como un freno a su gobierno abusivo», afirmó el director de la CIJ en la región del Norte de África y Oriente Medio, Said Benarbia.

Dicho texto, explicó, deroga además el órgano encargado de revisar la constitucionalidad de las leyes por lo que sus decretos ejecutivos y legislativos no están sujetos a revisión judicial. En este sentido, el comunicado subrayó la ausencia del Tribunal Constitucional- previsto desde 2015- y, en consecuencia, la falta de recursos para tratar dichas violaciones.

El responsable recordó que, según la constitución, el Ejército y las fuerzas de seguridad deben ejercer sus funciones dentro de los límites de la ley y con total neutralidad e instó a abstenerse «de cualquier acción que tenga el efecto de obstaculizar el funcionamiento del Parlamento, el poder judicial y otros órganos constitucionales».

«Es flagrantemente ilegal y nadie debe cumplir ni obedecer ninguna de sus disposiciones», insistió Benarbia.

En un decreto presidencial publicado este miércoles, Said ordenó la supresión de «todas las subvenciones y privilegios» atribuidos al presidente de la Asamblea y a sus 217 miembros y anunció que mantendrá las medidas excepcionales anunciadas el 25 de julio, que incluyen la suspensión de la cámara y la retirada de la inmunidad parlamentaria.

El dignatario afirmó que trabajará a favor de la Constitución y de los artículos «que no entran en conflicto con estas medidas excepcionales» y anunció la preparación de proyectos de enmiendas de ley relacionadas con reformas políticas a través de un comité creado por él mismo.

Organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos han criticado duramente su decisión de enmendar la ley electoral y de mantener el Estado de excepción de manera indefinida tras destituir al primer ministro y atribuirse plenos poderes invocando la aplicación del artículo 80, que le permite asumir poderes excepcionales en caso de «amenaza» para el Estado.

Una iniciativa calificada por el partido islamista Ennahda, la principal fuerza parlamentaria, como «golpe de Estado», mientras que otras formaciones consideran que se trata de una «rectificación» de la revolución de 2011 que puso fin a las dos décadas de dictadura de Zine El Abidine Ben Ali.