La reclamada, Alison G., que regentaba junto a su marido un negocio de buceo en Florida, era la propietaria de la embarcación «Get wet» cuando ocurrieron los hechos en 2011.

Las autoridades de Florida consideraron que cuando se produjo la muerte, el barco se encontraba en malas condiciones de seguridad y pese a ello permitieron que saliera a navegar «omitiendo las más elementales cautelas exigibles».

Tras examinar la petición y las distintas alegaciones, los magistrados españoles, en un auto conocido este viernes, consideran que se cumplen los requisitos que recoge el tratado de extradición con EEUU, para acceder a la entrega.

Además, añaden que se trata de delitos comunes, no se advierte motivación espuria, ni concurren circunstancias que determinen la extinción de la responsabilidad penal.

La fugitiva fue detenida en la provincia de Vizcaya (norte) el pasado mes de abril y en la vista de extradición en la Audiencia Nacional se declaró inocente y pidió no ser extraditada.

A preguntas de su defensa, argumentó que no se encontraba en Estados Unidos el 18 de diciembre de 2011, el día en que se produjeron los hechos.

La mujer está reclamada por un tribunal de Florida, estado donde ella y su marido regentaban el negocio de buceo, que le imputó un delito de homicidio por imprudencia profesional.

Además, ella y su esposo están acusados de haber utilizado a un tercero para que figurase como titular en el registro de embarcaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos, ya que la legislación no permite que personas con nacionalidad distinta a la estadounidense -ella es británica con pasaporte irlandés- regenten de forma oficial los barcos inscritos.

Tampoco respondieron ante la Justicia norteamericana, por lo que se decretó una orden de detención internacional contra el matrimonio.