Según confirmó este viernes a Efe por teléfono un trabajador de las nuevas dependencias a las afueras de Seúl, la oficina fue abierta este martes y aunque el NUG no cuenta con el reconocimiento explícito del gobierno surcoreano, la apertura ha sido promovida por un grupo de parlamentarios coreanos, oenegés locales y profesores universitarios.

Ningún país ha reconocido al NUG de manera oficial, aunque el Gobierno de Corea del Sur afirmó el pasado agosto que está en «comunicación constante» con miembros de este ejecutivo paralelo, al tiempo que mostró su disposición para «contribuir» a que la situación de Birmania se resuelva de acuerdo con «las aspiraciones de su población».

La apertura de la oficina en las afueras de la capital surcoreana, la primera de este tipo anunciada por el NUG que busca abrir más en otros países, supone otro paso en su lucha por el reconocimiento internacional.

La pugna entre la junta militar que tomó el poder con un golpe de Estado el 1 de febrero y el bando prodemocrático, encarnado por el NUG, ha llegado a la Asamblea General de Naciones Unidas, que desde esta semana tiene que decidir quién representa al país en este organismo internacional, después de que ambos grupos se postularan.

El régimen militar defiende que la toma de poder fue legal, ya que se encuentra dentro de las cláusulas estipuladas en la Constitución birmana, redactada por el Ejército y sancionada en 2008, al apartar el Ejecutivo de la depuesta líder Aung San Suu Kyi y su partido, la Liga Nacional para la Democracia (LND) por supuestamente amañar las elecciones de noviembre de 2020.

Dr Sasa, ministro del NUG para la Cooperación Internacional y portavoz del bando prodemocrático, argumentó en un informe de cuatro páginas publicado en las redes sociales que el Gobierno de Unidad Nacional cuenta con el apoyo mayoritario entre los 54 millones de birmanos.

Entre otras razones, Sasa esgrime la incontestable victoria de la LND en las elecciones, la formación de su propio brazo armado para «defender al pueblo» de los abusos del Ejército, el trabajo para combatir la pandemia de covid-19 y el compromiso a regresar a un sistema democrático que incluya a todas las etnias del país.