El informe, que será debatido en la actual sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, denuncia prácticas como el uso de supuestas pruebas obtenidas mediante tortura o la emisión de órdenes de detención «retroactivas» para ocultar arrestos ilegales.
La misión, creada por el Consejo en 2019 y que emite ahora su segundo informe sobre la situación en Venezuela, también cree que hay «motivos razonables» para creer que políticos venezolanos de alto nivel han influido significativamente en el Poder Judicial del país.