«La situación política y social en Nicaragua no debe continuar igual. Tenemos décadas de confrontaciones que han generado desempleo, pobreza generalizada, inseguridad ciudadana, exilio forzado, desatención eficiente a la educación y a la salud», indicó la Curia, en un país de mayoría católica.
Nicaragua vive una crisis sociopolítica que estalló en 2018, cuando los nicaragüenses salieron a protestar contra el presidente del país, Daniel Ortega, en el poder desde 2007 y quien buscará en las elecciones generales de noviembre próximo una nueva reelección.
En el marco de la crisis se registraron 328 muertos, al menos 103.000 exiliados y cientos de opositores presos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).
Entre los presos hay siete aspirantes a candidatos a la Presidencia, líderes opositores y profesionales independientes, mientras que entre los exiliados se encuentra el Premio Cervantes 2017 y exvicepresidente de Nicaragua en el primer Gobierno sandinista (1979-1990), Sergio Ramírez, un crítico de Ortega a quien la Fiscalía acusa de “realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia”.
«UNA VOZ DE ALIENTO»
La Curia, que forma parte de la Iglesia católica de Nicaragua, cuyos religiosos han sido críticos del Gobierno de Ortega, expresó su interés de ser «una voz de aliento», en un país donde «se promueven aglomeraciones de personas irresponsablemente en medio de una pandemia mundial».
Dijo que al conmemorarse los 200 años de la Independencia, aspira a una «patria donde se respeten los derechos humanos, la libertad de pensar y opinar diferente, donde juntos podamos levantar una economía que produzca bienestar para todos, sin leyes que repriman las iniciativas independientes y se respete el pluralismo social y político».
Sobre el proceso de comicios, la Curia dijo anhelar un país «donde no exista temor a elecciones libres, transparentes y competitivas, ni existan presos políticos ni medios de comunicación clausurados o impedidos de informar».
Destacó su deseo de «una patria donde las autoridades (…) ejerzan su autoridad como un servicio, faciliten el ejercicio de la libertad y la responsabilidad de todos, actúen con justicia y respeten los derechos de cada cual”.
«Una Patria donde los diversos sectores empresariales y los organismos de la sociedad civil puedan desarrollarse con un adecuado apoyo legal y fiscal, sin que los aspectos legales y fiscales se conviertan en medios de coacción», agregó.
Desde que Ortega acusó al Episcopado de estar detrás de un supuesto «golpe de Estado fallido», en 2018, la Iglesia Católica, incluidos sus sacerdotes y templos, han sido objeto de agresiones, entre ellas el incendio parcial de la Catedral de Managua en 2019 que calcinó una imagen histórica de la Sangre de Cristo, que las autoridades de Nicaragua clasificaron como accidente, y que el papa Francisco calificó de «atentado».