En declaraciones difundidas hoy por la prensa local, el mandatario populista anunció, asimismo, que formará un nuevo Gobierno «en los próximos días», una de las atribuciones que se arrogó el pasado 25 de julio tras suspender el Parlamento, cesar al primer ministro y limitar las garantías legales invocando la aplicación del artículo 80 de la Carta Magna que permite al jefe del Estado asumir poderes excepcionales solo en caso «de amenaza vital al estado».
«El pueblo tunecino rechaza la Constitución», dijo, tras recorrer la principal avenida de la capital arropado por un grupo de afines que entonaban el himno nacional. «El texto constitucional no es eterno. Deben hacerse enmiendas dentro de su marco», señaló.
Fuentes próximas al mandatario indicaron esta semana a Efe que la intención de Said, un jurista ultraconservador que sorprendió al ganar las presidenciales de 2019 sen experiencia ni partido político, es cambiar el actual sistema de democracia Parlamentaria, que limita los poderes del jefe del Estado, por otra de corte presidencialista, en el que este asuma la mayor parte de las responsabilidades ejecutivas de la Cámara.
Un plan que cuenta con el apoyo de la tradicional oligarquía empresarial del país y del poderoso ministerio de Interior, en el que Said ha introducido importantes cambios desde julio.
Y que ha sido tildado de «golpe de Estado» por varios partidos políticos, entre ellos el conservador de tendencia islamista «Ennahda», que era hasta la fecha la principal fuerza en la Asamblea y cuya participación fue fundamental para la redactar la Constitución tras la crisis política y social de 2013.
La Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT), una de las fuerzas sociales más influyentes del país, advirtió, por su parte, que antes de cualquier enmienda se debe restablecer la autoridad del Parlamento y convocar elecciones.
ADVERTENCIA A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
Las maniobras de Said han despertado la inquietud de la comunidad internacional, y en particular de Estados Unidos y la Unión Europea, que han pedido al dignatario que restablezca la normalidad democrática en el que hasta la fecha era el único país que había sobrevivido al fracaso de las «primaveras árabes».
A la petición se sumó el pasado lunes el G-7 mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha interrumpido la negociación de un crédito millonario para salvar la economía tunecina, asfixiada en una aguda crisis.
Sin embargo el vienes, y tras recibir en palacio al Alto Representante de Política Exterior y Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, Said advirtió sobre cualquier tipo de injerencia internacional.
«La soberanía de Túnez y las elecciones que haga el pueblo tunecino no se discuten con ningún extranjero. Ni serán tampoco objeto de negociación alguna», dijo Said, que en los últimos meses ha teñido su discurso de un fuerte nacionalismo.
INCREMENTO DE LA REPRESIÓN
Organizaciones de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional, han advertido del retroceso en los derechos y pedido al presidente que ponga fin a medidas arbitrarias como la prohibición de viajar fuera del país y los arrestos domiciliarios de políticos, jueces y diputados, a los que les ha quitado la inmunidad.
La preocupación es significativa en el caso del diputado Yassine Ayari, en huelga de hambre desde que en julio fuera enviado a prisión tras tildar la acción de Said de «golpe de Estado».