En declaraciones a la prensa local en Trípoli, Al Mashri insistió en que ese Consejo, que funciona como un Senado, no electo y formado durante el fracasado proceso de reconciliación nacional liderado por la ONU en 2015, «rechaza la ley en la forma en la que ha sido promulgada».
El Parlamento en Tobrouk «está capacitado para dictar leyes, siempre que nos consulte para prepararlas y nunca aceptaremos que una parte política se imponga sobre la otra, incluido el Consejo Supremo de Estado», afirmó antes de criticar a «quienes ahora justifican su transgresión al aprobar la ley electoral emitida por Aqila Saleh», presidente de una Cámara elegida en 2014 y fuertemente dividida.
La Cámara, que se trasladó a la ciudad oriental de Tobrouk después de que la anterior Asamblea no reconociera los resultados electorales de 2014 y que está bajo la tutela del mariscal Jalifa Hafter, hombre fuerte del país, anunció la semana pasada que había completado la nueva ley electoral y la había enviado al jefe de la misión de la ONU para LIbia (UNSMIL), Jan Kubis.
En su carta a la ONU, organismo encargado de tutelar las elecciones presidenciales y legislativas previstas para diciembre de este año, el Parlamento aseguró ser «el único cuerpo legislativo en Libia» en insistió en que la nueva ley corresponden «al esfuerzo por cumplir con las obligaciones que le han sido encomendadas en cuanto a la promulgación de legislación y la expedición de leyes relacionadas con el proceso electoral».
Tras años de guerra civil en Libia, el pasado marzo el Foro para el Diálogo Político en Libia (FDPL), un organismo no electo creado por la ONU «ad hoc», eligió un nuevo Consejo Presidencial y un nuevo gobierno transitorio que deben conducir al país hasta las elecciones, previstas para el próximo 24 de diciembre.
Sin embargo, en las últimas semanas se han multiplicado las declaraciones de responsables políticos, como la ministra de Asuntos Exteriores del Gobierno de Unidad Nacional transitorio, Najla al Mangoush, que apuntan a que se pospondrán o se celebrarán de forma escalonada en 2022 debido a los obstáculos y la falta de tiempo para completar las leyes y la logística.