El Ministerio Público dispuso la intervención de un equipo multidisciplinario de médicos forenses y peritos de la Morgue Central del Callao y de la Morgue Central de Lima para que efectúen la necropsia y los exámenes antropológico, de odontología forense, biología y de ADN.
Los representantes del Ministerio Público, la Policía Nacional y de la Marina de Guerra, que custodian la prisión de máxima seguridad en la que estaba recluido, participaron en las labores de levantamiento del cadáver y el traslado en un vehículo policial a la morgue.
El tanatorio en la provincia del Callao estaba fuertemente custodiado por la policía cuando llegó el vehículo e impidió que los periodistas se acercaran a la puerta.
Una camilla recibió los restos de Guzmán y los ingresó al local, según mostró la señal de Canal N.
Minutos después llegó a la morgue el abogado de Guzmán, Sebastián Chávez, quien declaró a los periodistas que su esposa, la también condenada por terrorismo Elena Iparraguirre, ha pedido que le entreguen los restos de su esposo fallecido.
Chávez indicó que, por ley, «los restos se entregan a su esposa, quien decide si se entierra o no».
El letrado agregó que ha hecho la solicitud a nombre de Iparraguirre con la intención de que «por lo menos le den la posibilidad de decidir» qué hacer con los restos.
Iparraguirre, considerada la número dos de Sendero Luminoso, cumple cadena perpetua en el penal de mujeres de Chorrillos, en Lima, después de haber compartido algunos años la carcelería en la Base Naval, igual que Guzmán.
Guzmán y su esposa, junto a la cúpula de Sendero Luminoso, fueron condenados por terrorismo, tras su captura en 1992, y recluídos en celdas de máxima seguridad a raíz de las más de 69.000 víctimas ocasionadas en mayor número por su agrupación entre 1980 y 2000.
El debate sobre el lugar donde se depositarán los restos de Guzmán responde a las voces de diversos sectores políticos que proponen que sea cremado para evitar que exista una tumba que pueda generar la peregrinación de sus simpatizantes.
Sobre este asunto, el Ministerio de Justicia de Perú advirtió que toda manifestación pública que rinda homenaje a líderes terroristas, como Abimael Guzmán, será considerado un delito de apología al terrorismo, penado con hasta 15 años de cárcel.