En una entrevista a Efe, Garrido explica que cuando preste declaración en octubre hablará para el Tribunal de lo Criminal de París donde se inició el proceso el miércoles, pero sobre todo “a los asesinos para decirles que si ellos respetan tanto a Alá (…) no creo que Alá diga que haya que matar a personas inocentes”.
“Si ellos son tan religiosos y tan creyentes, les deseo que nunca alcancen la paz”, añade.
Espera en particular que le escuche el principal de los veinte acusados, Salah Abdeslam, el único superviviente de los miembros de los comandos que perpetraron los atentados de París y Saint Denis del 13 de noviembre de 2015, en los que fueron asesinadas 130 personas y más de 400 resultaron heridas.
Se trata de que “sepa lo que nos ha hecho perder”, su hijo Juan Alberto González Garrido, que tenía 29 años y había acudido aquella noche junto a su esposa y a un amigo de trabajo al concierto del grupo de rock Eagles of Death Metal en el Bataclan.
DOLIDA CON LAS “PROVOCACIONES” DE ABDESLAM
Está muy dolida con las declaraciones de Abdeslam en las primeras jornadas del juicio, en las que además de hacer invocaciones a Alá ha reivindicado su pertenencia al Estado Islámico y se ha quejado del régimen de detención en los más de cinco años que lleva en la cárcel.
“Espero la cadena perpetua, que no salga en lo que le queda de vida de prisión”, dice esta madre, resignada porque del juicio no espera “ninguna reparación del daño que me han causado” porque no se puede devolver a su hijo a la vida.
Resignada también a un luto que “lo terminaré cuando me muera porque Juan Alberto me falta desde el 14 de noviembre, cuando me dijeron que había fallecido. Me falta todos los días”.
Querría que los medios de comunicación no den voz a Abdeslam que durante cinco años “no se ha dignado” en hablar a los jueces instructores que trabajaban en la investigación y ahora “lo que está buscando es provocarnos”.
“Ya dijo -insiste- que pertenece al Estado Islámico, que es terrorista, luego es el asesino. Se ha confesado como asesino que ha perpetrado esto. Para mí con eso es suficiente, no se le tiene que dar más propaganda, más difusión. Es un asesino”.
RESPONSABILIDADES POLÍTICAS
A su parecer, el proceso que se va a prolongar hasta finales de mayo, que tiene intención de seguir en París y a distancia, desde España, también debe servir para que se sepa por qué no hubo más seguridad “si Francia estaba en alerta terrorista por los atentados de enero de Charlie Hebdo, la sala Bataclan estaba amenazada y el grupo que actuaba esa noche también estaba amenazado”.
Está previsto que declaren como testigos el que era entonces el presidente francés, François Hollande, su primer ministro, Manuel Valls, y su ministro de Interior.
“Sé que no habrá una condena penal, pero tendrán que responder de la responsabilidad en sus puestos”, comenta.
Está convencida de que “ese atentado, como todos los atentados que ha habido en Europa, para lo único que sirven es para destrozar familias”.
Cristina Garrido ha sentido que la Justicia francesa ha escuchado a las víctimas durante la fase de instrucción y “ahora mismo las peticiones las está atendiendo todas”.
Por el contrario, reprocha el ostracismo de las administraciones españolas: “Aunque me duela decirlo por ser española, no han participado absolutamente en nada. Ni la Justicia española, ni la Dirección General de Víctimas, ni la embajada de España aquí en París”.
“Creo que cuando nos damos tanto bombo de que tenemos tanta experiencia en el tratamiento de víctimas y de atentados (…), por lo menos haber hecho algo…”, lamenta.
Clémence Witt, una de las abogadas junto a Jeanne Sulzer que representan a los familiares de Juan Alberto González, incluida su mujer, a una clienta francesa y a la familia de un chileno igualmente asesinado en Bataclan, subraya que “lo esencial para las víctimas en este tipo de juicios es poder seguir y participar en los debates”.
“El juicio en sí mismo se debe convertir en una forma de reparación para las víctimas que permita su rehabilitación y su duelo”, afirma Witt, sobre todo teniendo en cuenta que en Francia desde 2019 las indemnizaciones judiciales se dirimen en un proceso civil posterior al penal.