Reunidos en el frontispicio de la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país centroamericano, los médicos indicaron que interpondrían una acción de amparo (recurso legal) en contra del mandatario y de la ministra de Salud Pública, Amelia Flores, a quien señalaron también de «una mala gestión presupuestaria».
El abogado representante de los médicos, Édgar Pérez, indicó en una rueda de prensa que el objeto de la acción constitucional de amparo es «prevenir violaciones a garantías fundamentales establecidas en la Constitución o prevenir la vulneración de derechos establecidos».
«De hecho ya se han vulnerado esos derechos. Le estamos diciendo al presidente a través de la Corte que asuma sus funciones», añadió Pérez.
El abogado indicó que la acción de amparo propone además una «alternativa de cómo contener la covid-19», como implementar eficientemente el gasto público para insumos médicos, la «dignificación» de honorarios (salario) del personal médico y la contratación extensiva de más trabajadores de la salud.
Guatemala se encuentra desde el 14 de junio bajo la tercera ola de la enfermedad, según las autoridades sanitarias, y en los últimos dos meses prácticamente se han triplicado las cifras de decesos diarios.
Además, los hospitales público están al 97 por ciento de su capacidad en pacientes graves.
«AYUDAR» AL PRESIDENTE
El presidente de la junta directiva de médicos del Hospital Roosevelt -el primero en importancia del país-, Zagreb Zea, por su parte, sostuvo que la lucha contra la covid-19 «le compete al mandatario» pues «la Constitución indica que todo guatemalteco debe tener garantizada el acceso y el derecho a la salud».
Más que un amparo en contra del gobernante, Zea precisó que la moción ante la Corte de Constitucionalidad se trata de una «acción técnica que indica dónde se ha fallado en cuanto al tema de salud y dónde se pueden implementar las acciones a llevar a cabo».
No obstante, admitió que el manejo de la pandemia desde el Gobierno «ha sido deficiente» y que así como se han erigido cinco hospitales temporales estos han sido «insuficientes», pues los principales nosocomios, Roosevelt y San Juan de Dios, se han mantenido al servicio de la comunidad, pese al desborde que han alcanzado.
«No hemos tenido la intención de penalizar ni de dirigir una acción judicial contra el presidente. Lo que estamos haciendo es decirle lo que necesitamos, más bien es una ayuda o un apoyo. No queremos hacer ninguna acción en su contra», enfatizó Zea.
Desde que comenzó la pandemia en Guatemala, el 13 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud ha contabilizado 500.840 contagios producto de 2,28 millones de pruebas para detectar la covid-19.
Además, han sido registrados en el sistema sanitario 12.544 fallecimientos, con una tasa de mortalidad de 71,3 muertes por cada 100.000 habitantes, en un país en el que viven más de 16,3 millones de personas.
El país centroamericano ha inmunizado con la primera dosis de las vacunas contra la covid-19 a 3,6 millones de personas, de las cuales 1,62 millones cuentan ya con esquema completo (dos dosis).