Un informe de auditoría de cumplimiento a PetroPerú, la firma estatal a cargo de la refinería, señaló el jueves que el perjuicio económico responde a la demora en la contratación de servicios y la ejecución de unidades auxiliares y trabajos complementarios, aunque las obras aún no han concluido.

Por ese motivo, la contraloría imputó la responsabilidad administrativa de tres expresidentes del directorio de PetroPerú, 14 exmiembros del directorio, dos gerentes generales y 25 funcionarios en la gestión del proyecto de modernización de la refinería de Talara.

En un comunicado, PetroPerú informó este viernes que la construcción de la nueva refinería fue declarada de necesidad pública en 2013, durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), para la producción de combustibles de acuerdo con la normatividad de calidad vigente.

COSTO CRECIÓ 4 VECES

Explicó que el monto de inversión inicial fue estimado en 2008 en 1.334 millones de dólares sobre la base de un «estudio conceptual», sin embargo ese monto «fue actualizándose a medida que se desarrollaron los estudios de mayor profundidad técnica, diseño básico, básico extendido y de detalle».

Las posteriores actualizaciones de costos han elevado el precio del proyecto a más de 5.700 millones de dólares.

«Cabe señalar que adicionalmente se sumó los costos de financiamiento, los que originalmente no fueron considerados y que se debió sumar los gastos relacionados a la paralización por el Estado de Emergencia Nacional producto de la pandemia de la covid-19», indicó PetroPerú.

Sin embargo, la petrolera afirmó que «el proyecto no ha sido financiado por el Estado peruano», sino que utilizó los recursos económicos provenientes de sus propias actividades de negocio, además de la emisión de bonos en el mercado internacional.

Agregó que la modernización de la refinería no ha impactado en los precios de los combustibles que comercializa PetroPerú, dado que éstos se rigen por la oferta y la demanda.

DESCONOCE SI HUBO CORRUPCIÓN

El contralor de la República, Nelson Schack, declaró a la prensa que, a raíz de la auditoría, «no cabe demanda penal (sobre los imputados) porque no hemos investigado si ha habido corrupción o no, pero sí la Procuraduría efectuará las respectivas demandas civiles».

Schack dijo que para determinar si hubo sobrevaloración se tiene que realizar una auditoría cuando terminen las obras, lo cual está proyectado para mediados del próximo año.

En ese sentido, el contralor estimó que en 2023 se realizará la auditoría de desempeño para analizar «si fue una buena idea invertir tantísima plata en una obra de esta naturaleza».

En febrero pasado, Petroperú completó la financiación de las obras de la refinería con la emisión de bonos corporativos por 1.000 millones de dólares, donde se incluyeron 300 millones adicionales por la paralización de las obras por la pandemia.

En mayo último, la empresa anunció que las filiales peruanas de Veolia de Francia y Acciona de España estarán a cargo de los sistemas de soporte de las unidades auxiliares de la refinería.

La modernización busca que la refinería de Talara pase de tener una capacidad de procesamiento de 65.000 barriles por día a 95.000 barriles al día, aunque los yacimientos peruanos que la alimentarán solo producirán en el mejor de los casos unos 60.000 barriles.