Según la Fiscalía, el ambientalista, director de la Fundación del Río, una ONG que fue ilegalizada por la Asamblea Nacional (Parlamento) a petición del Ministerio de Gobernación, brindó información falsa de hechos ocurridos en los años 2020 y 2021 en las comunidades de la Costa Caribe Norte, donde indígenas fueron asesinados.

La Fiscalía sostuvo que el acusado expresó que «el Estado y sus instituciones han omitido deliberadamente el deber de investigar estos delitos», lo cual, agregó el Ministerio Público, «es totalmente falso, ya que existe una investigación policial, una acusación fiscal y un proceso judicial contra los criminales que cometieron tales hechos ocurridos en el año 2020».

«Con relación a los recientes acontecimientos de agosto 2021, en el cerro Kiwakumbaih, desde que se conocieron los hechos, la Policía Nacional designó un jefe, investigadores y peritos para trasladarse al lugar de los hechos e investigar estos crímenes para identificar y dar con el paradero de los criminales y presentarlos ante la Justicia nicaragüense», continuó.

Según la Fiscalía, «el acusado Amaru Ruíz pretendió crear un clima de inestabilidad e inseguridad que pone en peligro la soberanía nacional», por lo que solicitó al juez una orden de detención contra el ambientalista, que se encuentra fuera de Nicaragua por motivos de seguridad.

El Ministerio Público basó su acusación citando el artículo 30 de la Ley Especial de Ciberdelitos, aprobada por los diputados sandinistas y sus aliados, y que entró en vigor en diciembre pasado.