La muerte de Moise, asesinado a tiros en su residencia el 7 de julio, abrió una grave crisis política que solo ha amainado temporalmente con la formación de un nuevo Gobierno, liderado por el primer ministro Ariel Henry, pero la inestabilidad del país ha forzado ya un aplazamiento de las elecciones al 7 de noviembre.
Mientras el Gobierno trata de negociar un acuerdo con la oposición para buscar una salida permanente a la crisis, el pasado 14 de agosto un terremoto devastador sorprendió al país, causando al menos 2.248 muertos, 690.000 damnificados e incontables daños en el sur de Haití.
Una emergencia que se ha unido a la delicada situación económica que ya atravesaba el país y a la proliferación de las bandas armadas, que siembran el terror con secuestros y asesinatos a diario, una situación que, a ojos de la población, ha dejado la investigación del magnicidio en un segundo plano.
UNA INVESTIGACIÓN RALENTIZADA
Al cumplirse dos meses del magnicidio, el primer ministro prometió que el crimen «no quedará impune».
«Mi Gobierno está decidido a que el presidente obtenga justicia y a que los asesinos vayan a juicio como lo exige la ley», manifestó Henry a través de Twitter.
El caso se encuentra en manos del juez de instrucción Garry Orélien, quien el pasado viernes celebró la primera audiencia, en la que interrogó al coordinador de la seguridad de Moise, Jean Laguel Civil, en el Palacio de Justicia de Puerto Príncipe.
Tras el frenesí de detenciones de los primeros días después del magnicidio, que llevó a 44 personas a prisión preventiva, entre ellos 18 colombianos, la investigación avanza ahora a un ritmo lento.
La Policía haitiana llegó a anunciar la semana pasada una recompensa de 60.000 dólares a quien contribuya con la detención de tres supuestos autores intelectuales del crimen, la exjueza Windelle Coq Thélot, el exfuncionario Joseph Félix Badio y el exsenador John Joel Joseph.
«La Policía Nacional está realizando actualmente búsquedas para encontrar a los fugitivos. Estamos llevando a cabo una búsqueda para encontrarlos. Si se encuentran todos esta mañana, se presentarán a la población», dijo a Efe la portavoz de la Policía Marie Michel Verrier.
La activista Marie Rosie Auguste Ducéna, responsable de programas de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (Rnddhh), ONG que promueve los derechos humanos en Haití, pide paciencia.
«Sería injusto presionar al juez que acaba de recibir el expediente. Esperamos que el caso prospere», dijo a Efe la número dos de la Rnddhh.
Esta ONG acaba de publicar un amplio informe sobre el magnicidio, en el que afirma tajantemente que Moise «fue entregado por sus agentes de seguridad».
INCERTIDUMBRE ELECTORAL
Las tensiones políticas, ensordecidas por el estruendo del terremoto, amenazan con un posible nuevo aplazamiento de las elecciones presidenciales y legislativas, estas últimas, pendientes desde 2019.
Actualmente, Ariel Henry mantiene negociaciones con varios partidos de la oposición con miras a formar un Gobierno de unidad que tendría el poder hasta la celebración de los comicios.
El Sector Democrático y Popular, un partido opositor de izquierdas, afirmó que está cerca de llegar a un acuerdo con Henry, pero este martes reveló que el principal obstáculo para que prospere el pacto es el actual ministro de Justicia, Rockefeller Vincent, a quien acusan de frenar investigaciones de casos de corrupción y de las masacres supuestamente cometidas en los últimos años por pandillas afines al Gobierno.
Por su parte, Vincent acusó a los opositores de querer hacerse con el Ministerio de Justicia para «encubrir a los asesinos del presidente Moise» y para perseguir a sus adversarios políticos.
En medio de este panorama revuelto, la única que parece pensar en las elecciones es la viuda del mandatario asesinado, Martine Moise, quien asegura que pretende presentarse a las elecciones presidenciales.
En un mensaje en redes sociales en el que se intuyen intenciones electorales, Martine Moise prometió este martes que seguirá la lucha de su marido «para que el sol brille para los más débiles».