Siete personas resultaron heridas en un ataque con cuchillo llevado a cabo en un supermercado de la ciudad de Auckland por Ahamed Aathil Mohamed Samsudeen, un ceilandés de 32 años que fue abatido por la policía.
En una conferencia de prensa, Ardern señaló que la nueva ley evitará que personas como Samsudeen, que se encontraba bajo vigilancia policial por su ideología extremista, se aprovechen del sistema para cometer atentados yihadistas.
«Estamos aún trabajando para que la ley sea aprobada antes del final de este mes», aseguró la mandataria.
Ardern señaló que el yihadista consiguió fraudulentamente el estatus de refugiado, aunque se le revocó en 2019, y luego se aprovechó del sistema para evitar ser deportado a Sri Lanka, tal y como querían las autoridades.
Por su parte, Amnistía Internacional afirmó que un caso como este no debería usarse para aprobar una ley en el «calor del momento», especialmente «una ley que tiene el potencial de dañar a personas vulnerables o restringir libertades civiles», según dijo la directora de la ONG en Nueva Zelanda, Meg de Ronde.
Samsudeen llegó a Nueva Zelanda en 2011 con un visado de estudiante y con la intención de obtener el estatus de refugiado, que consiguió dos años después.
En 2016, la Policía empezó a sospechar que alcanzó la condición de refugiado de manera fraudulenta.
Al año siguiente, la Policía recibió información de que el sospechoso pretendía ingresar en un grupo terrorista (no especificado) y fue detenido en el aeropuerto cuando pretendía viajar a Malasia, tras lo cual se celebró el juicio en que le fue denegado su estatus de refugiado en 2019.
Cuando el pasado viernes entró en el supermercado de Auckland, se hizo con un cuchillo dentro del establecimiento e hirió a siete personas (tres de ellas están en estado crítico), la Policía le seguía por sospechoso y lo abatió a disparos apenas un minuto después de que perpetrara su ataque.
El presunto terrorista «inspirado en el Estado Islámico», según la Policía, estaba esperando a que se resolviera su apelación contra la pérdida del estatus de refugiado, por lo que durante ese tiempo no podía ser deportado ni privado de libertad, a pesar de estar en la lista de sospechosos de la Policía, lo que ha suscitado críticas por una posible grieta en el sistema.